• Busca reducir los numerosos casos de fraudes a través de redes sociales, ejecutados por delincuentes quienes difunden información simulada de programas 

A fin de prevenir y reducir los fraudes usando la imagen de programas institucionales mediante plataformas digitales o redes sociales, la diputada Karina Olivas Parra (PT) propuso tipificar en el Código Penal para el Estado de Baja California Sur el delito de fraude en materia de programas sociales, con penas mayores en una tercera parte -actualmente es de tres a diez años- cuando la víctima sea adulta mayor, persona con discapacidad, indígena o de escasos recursos. 

La legisladora lamentó que cada vez sean más los casos de fraudes a través de redes sociales, ejecutados por delincuentes quienes difunden información simulando ofrecer, u otorgar programas federales, estatales o municipales utilizando la imagen institucional y de páginas web oficiales para inducir en un error a la ciudadanía, cobrar una “cuota” y así obtener un beneficio económico indebido.

Ejemplificó otra modalidad, que también ha cobrado numerosas víctimas como es el hacer pasar por verdaderas supuestas oportunidades de inversión en PEMEX o programas estatales como el Salario Rosa, hasta la supuesta entrega de insumos de primera necesidad a bajo costo o trabajos en el extranjero. 

La propuesta adiciona el artículo 241 del Código Penal referente al delito de fraude, que se aplicará “a quien, por sí o por interpósita persona, a través de plataformas digitales, simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales del gobierno federal, estatal o municipal, o utilizando logos o imágenes oficiales, obtenga un beneficio económico indebido o datos sensibles con la intención de practicar el robo de identidad, vaciar cuentas o vender bases de datos personales. En caso de tipificarse las conductas descritas en la presente fracción”.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

• Busca establecer expresamente la obligación del TCyA de resolver los laudos observando el principio pro-persona

Fortalecer  la impartición de justicia laboral burocrática con enfoque de derechos humanos, es la intención de la iniciativa de reforma al artículo 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur que presentó el legislador de Morena Sergio Polanco Salaices.

Señaló que se busca establecer expresamente la obligación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de resolver los laudos observando el principio pro-persona, así como incorporar la perspectiva de género y de adulto mayor en aquellos asuntos donde existan condiciones de vulnerabilidad, discriminación o afectaciones a los derechos de las personas trabajadoras.

Indicó que además, la iniciativa responde a la necesidad de garantizar una justicia más humana, igualitaria y sensible a las condiciones particulares que enfrentan mujeres y personas adultas mayores dentro de conflictos laborales, particularmente en casos relacionados con discriminación, violencia laboral, pensiones y convenios que puedan afectar sus derechos.

Finalmente planteó que es necesario que el tribunal preste especial atención a la protección de la dignidad humana y a los derechos de las personas adultas mayores, atendiendo criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y principios contenidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La iniciativa fue presentada ante el pleno de la XVII Legislatura y fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social para su análisis y dictaminación correspondiente.

• Establece el derecho de las y los diputados a solicitar información administrativa específica a las áreas administrativas

Con el objetivo de robustecer los mecanismos de vigilancia, acceso a la información y rendición de cuentas dentro del Poder Legislativo, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez (MORENA) presentó ante el pleno de la XVII Legislatura una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

En la iniciativa establece el derecho de las y los diputados a solicitar información administrativa específica relacionada con inventarios, adquisiciones, contratos, ejercicio presupuestal, comunicación social y otros rubros vinculados al uso de recursos públicos, obligando a las áreas administrativas a entregar informes completos, verificables y documentados en un plazo determinado.

Otro aspecto importante en la iniciativa contempla fortalecer la supervisión técnica y presupuestal, permitiendo que integrantes de la Comisión de Cuenta y Administración puedan asistir como observadores a las sesiones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, cuando se aborden asuntos relacionados con el ejercicio administrativo o financiero del Congreso.

Teresita de Jesús Valentín Vázquez señaló que la transparencia institucional debe ejercerse con el mismo rigor con el que el Poder Legislativo exige rendición de cuentas a otros entes públicos, destacando que la ciudadanía tiene derecho a conocer de manera clara cómo se administran los recursos del Congreso del Estado.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.

• La diputada Arlene Moreno propuso sanciones de 6 meses a 3 años de prisión y multas económicas

La diputada Arlene Moreno propuso este martes 19 de mayo  fortalecer la protección de la ciudadanía frente a conductas de exhibicionismo corporal en espacios públicos.

Ante el pleno de la XVII Legislatura presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 187 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

La legisladora señaló que este tipo de conductas representan actos que vulneran la integridad y tranquilidad de las personas, particularmente de mujeres, niñas, niños y sectores vulnerables, además de generar afectaciones psicológicas y situaciones de riesgo en espacios de convivencia social como parques, baños públicos, transporte y centros recreativos.

Propuso en su documento  sanciones de 6 meses a 3 años de prisión y multas económicas para quienes realicen actos de exhibicionismo corporal con fines lascivos en lugares públicos o accesibles a la sociedad. Asimismo, plantea aumentar las penas hasta al doble cuando los hechos ocurran en centros educativos, instalaciones deportivas, hospitales, iglesias o transporte público, así como en presencia de personas menores de edad o personas con discapacidad que no puedan comprender el acto.

Además, la iniciativa establece que quienes incurran en estas conductas deberán cubrir la reparación integral del daño psicológico causado a las víctimas y que el delito sea perseguido de oficio por las autoridades competentes.

La mesa directiva  envió la iniciativa a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia.

•  La iniciativa busca aumentar hasta en un 50% la pena actual del delito de violación a la intimidad sexual

La diputada Teresita Valentín Vázquez (MORENA) propuso castigar el abuso de confianza tecnológica al tipificar en el Código Penal para Baja California Sur el delito de abuso de custodia tecnológica e invasión a la intimidad digital para castigar a quien aun con autorización de acceder a un dispositivo móvil con fines de realizar revisiones técnicas, extraiga o se apropie de cualquier contenido personal o íntimo.

En sesión de la XVII Legislatura la iniciadora expuso que la finalidad de la iniciativa es evitar casos que han ocurrido en otros lugares y principalmente, proteger la dignidad, intimidad y seguridad de las mujeres sudcalifornianas, por lo que propone que el delito se persiga de oficio.

Explicó que la legislación penal de Baja California Sur ya contempla la violación a la intimidad sexual y la obtención no autorizada de contenido desde dispositivos móviles; no obstante, carece de una previsión específica cuando el acceso ilícito derive del abuso de una autorización previa para fines distintos.

“El hecho de que una persona entregue temporalmente su dispositivo móvil para una revisión técnica, reparación o migración de información, no implica autorización para explorar su contenido personal, revisar galerías privadas, acceder a archivos sensibles o extraer información íntima”, determinó.

La iniciativa busca aumentar hasta en un 50% la pena actual del delito de violación a la intimidad sexual -que va de tres a seis años de cárcel y de mil a 2 mil días multa- cuando el agresor recurra al engaño, la intimidación, el abuso de confianza o exija desactivar contraseñas y candados biométricos.

La iniciativa tipifica también la violencia digital como: el acceso, revisión, extracción, copia, transferencia, retención o apropiación no autorizada de contenido íntimo contenido en dispositivos electrónicos entregados temporalmente bajo relaciones de confianza técnica, comercial o de prestación de servicios.

• La iniciativa impulsada por el legislador propone la inscripción con letras doradas de la leyenda: “Ciclón Liza: 30 de septiembre de 1976”

La XVII Legislatura en el Congreso del Estado de BCS turnó a la Comisión Permanente de Cultura y Artes, la iniciativa presentada por el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, mediante la cual se busca inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la sala de sesiones “General José María Morelos y Pavón” en el congreso, la leyenda “Ciclón Liza: 30 de septiembre de 1976”.

El diputado Erick Ivan Agundez Cervantes expresó que el homenaje solicitado busca honrar la dignidad humana de las personas fallecidas y los héroes anónimos, al conmemorarse el quincuagésimo aniversario del desastre asociado con el ciclón Liza.

Con la develación de la leyenda de honor dedicada a las víctimas y los héroes anónimos del 30 de septiembre de 1976, se consigue un primer paso que implicará un gran salto en la toma de conciencia ante los riesgos cada vez más severos por la presencia amenazante de los fenómenos naturales.

Añadió que la inscripción de las letras doradas, toma mayor relevancia en una época en la que la toma de conciencia respecto a los fenómenos naturales, se debería convertir en prioridad dado los registros de los comportamientos en los años recientes, marcados por un rápido aumento en la intensidad de los mismos, una generación más temprana en sus zonas de origen, un incremento en su frecuencia, y en general, un panorama más complejo evidenciado en los efectos del cambio climático en el mundo, en México y en nuestro estado.

Agundez Cervantes indicó que, se trata de un acto paradigmático, una aportación modesta al trabajo que han emprendido todos los días investigadores y científicos de todas las instituciones del país y del mundo para generar un marco teórico y metodológico, así como bases de datos y consulta para diseñar políticas públicas que permitan reducir las vulnerabilidades, atenuar las amenazas y los riesgos, hacer más efectivas las intervenciones ante emergencias, diseñar señaléticas de riesgo oportunas y eficientes, y crear ambientes de resiliencia en las comunidades afectadas para restablecer las actividades cotidianas con una menor dimensión traumática hacia nuestras poblaciones, en especial los niños.

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó este lunes una reunión de supervisión para evaluar los avances en la construcción del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos. La unidad médica contará con 260 camas y 46 especialidades, en beneficio de más de 500 mil derechohabientes y de la población en general.

Acompañado del alcalde Christian Agúndez Gómez, así como de representantes de los tres órdenes de Gobierno y de las Fuerzas Armadas, el mandatario destacó que esta obra fortalecerá la capacidad de atención médica especializada en Baja California Sur y permitirá ampliar los servicios de salud en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional de la entidad.

Durante el encuentro también se acordaron acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y asegurar el suministro de agua necesario para la operación del hospital, a fin de garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas.

Finalmente, Castro Cosío reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar esta obra, así como la participación del Ejército Mexicano en su construcción, reiterando el compromiso de su administración de continuar impulsando acciones que fortalezcan los servicios de salud y el bienestar de las familias en Baja California Sur.