• La iniciativa busca cerrar espacios a la impunidad con sanciones más severas por lavado de dinero, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito

• Contempla agravantes para servidores públicos y funcionarios financieros, así como decomiso de bienes y sanciones proporcionales al daño causado

Con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y cerrar el paso a la impunidad, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (MORENA) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California Sur que plantea endurecer de manera significativa las sanciones contra delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

La legisladora propuso modificaciones a diversos artículos del ordenamiento estatal para establecer castigos más severos y ejemplares, al considerar que estas conductas no solo vulneran la legalidad, sino que afectan directamente el patrimonio público y la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre los puntos centrales de la iniciativa, destaca que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— sea sancionado con penas de cinco a quince años de prisión, además de multas económicas, cuando se compruebe la intención de ocultar el origen o destino de los recursos.

Asimismo, se plantea que las penas puedan duplicarse cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos o funcionarios de instituciones de crédito, incorporando además sanciones como la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita.

En cuanto a los delitos vinculados al servicio público, la propuesta contempla el endurecimiento de sanciones por ejercicio ilícito y abuso de funciones, así como por cohecho y peculado, estableciendo esquemas que incrementan las penas conforme al monto de los recursos involucrados, alcanzando hasta 20 años de prisión en los casos de mayor gravedad.

De igual forma, la iniciativa incorpora disposiciones más estrictas para sancionar el enriquecimiento ilícito, incluyendo penas de cinco a quince años de prisión y el decomiso de bienes cuya procedencia no pueda ser legalmente acreditada.

Vázquez Jacinto subrayó que esta propuesta responde a la necesidad de contar con un marco jurídico más sólido que inhiba prácticas que dañan profundamente a la sociedad, eliminando privilegios y garantizando que quienes incurran en actos de corrupción enfrenten consecuencias proporcionales a la gravedad de sus acciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, como parte del proceso legislativo correspondiente.

• Propone que las regidurías de representación proporcional sean asignadas a las candidaturas que, sin haber obtenido el triunfo, registren el mejor desempeño electoral

El diputado Venustiano Pérez Sánchez (Morena) presentó una iniciativa en la XVII Legislatura del Congreso del Estado, para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur, para que las regidoras y los regidores sean electos de manera individual y por voto directo de la ciudadanía y ya no por planillas de ayuntamientos.

La propuesta plantea modificar el actual modelo de elección municipal para que las planillas se integren en lo sucesivo únicamente por la presidencia municipal y la sindicatura, mientras que las regidurías de mayoría relativa se elegirían por demarcaciones territoriales municipales uninominales.

Esto permitiría una representación más cercana a las comunidades de cada municipio; evitar que esos cargos sean ocupados por cuotas de acuerdos políticos o por compadrazgos, y por el contrario, sean legitimados por la gente, sentenció.

En el caso de las regidurías de representación proporcional propone que sean asignadas a las candidaturas que, sin haber obtenido el triunfo, registren el mejor desempeño electoral, es decir, los mejores segundos lugares, manteniendo criterios de paridad de género y acciones afirmativas para grupos de personas afromexicanas, indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual, jóvenes y pueblos originarios californios.

Se busca fortalecer la democracia municipal, dar mayor voz a la ciudadanía en la integración de los cabildos y mejorar la rendición de cuentas de quienes ocupen las regidurías en los ayuntamientos de Baja California Sur, acotó el iniciador.

En sesión del jueves 19 de marzo la iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos para su análisis y dictaminación.

• Buscan atender rezagos en el manejo de residuos y reducir impactos ambientales en zonas urbanas

El Congreso del Estado de Baja California Sur exhortó al Ayuntamiento de Los Cabos a fortalecer las acciones, estrategias y operativos relacionados con la recolección de basura y el manejo integral de residuos sólidos, así como a implementar un programa permanente de descacharrización mediante jornadas periódicas en distintas colonias del municipio.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada María Cristina Contreras Rebollo, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, quien señaló que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en Los Cabos es la creciente acumulación de basura en espacios públicos, vialidades, lotes baldíos y zonas habitacionales, problemática que se ha intensificado en áreas con alta densidad poblacional y acelerado crecimiento urbano.

Desde tribuna, la legisladora advirtió que esta situación evidencia un rezago en la capacidad operativa del servicio de recolección de residuos sólidos, donde la generación de basura ha superado la cobertura efectiva del servicio municipal, lo que demanda acciones urgentes y sostenidas.

Asimismo, destacó que la inadecuada gestión de los residuos no solo representa un problema urbano, sino también un riesgo ambiental significativo.

Durante el análisis del exhorto, las diputadas Alondra Torres García y Lupita Saldaña Cisneros, así como el diputado Fabrizio del Castillo Miranda, expresaron su respaldo a la propuesta, al tiempo que plantearon diversos ajustes para fortalecerla.

En ese sentido, la diputada Alondra Torres García solicitó incorporar el llamado a las autoridades municipales para que den respuesta oportuna a los oficios enviados por representantes populares, destacando que entre las principales demandas ciudadanas se encuentran la falta de agua y deficiencias en los servicios públicos; Por su parte, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda propuso ampliar el alcance del exhorto para incluir a los municipios de Loreto y Mulegé, con el objetivo de mitigar el impacto negativo de la acumulación de chatarra y residuos en la vía pública.

En tanto, la diputada Lupita Saldaña Cisneros planteó la necesidad de que los municipios rindan cuentas sobre la aplicación de los recursos destinados al saneamiento ambiental, a fin de garantizar su uso eficiente y transparente.

Santa Rosalía, B.C.S.– Con el objetivo de fortalecer la salud pública y promover el bienestar animal, la Secretaría General del H. XIII Ayuntamiento de Mulegé, Celina Ramírez, anunció la reactivación de la campaña gratuita de esterilización para perros y gatos, la cual se llevará a cabo en distintas colonias de Santa Rosalía.

Al respecto, Celina Ramírez, subrayó la importancia de impulsar acciones responsables en favor de la comunidad y sus mascotas. “El cuidado de nuestros animales de compañía también es parte del bienestar de nuestras familias. Seguiremos promoviendo acciones que contribuyan a tener comunidades más sanas y responsables”, expresó la Secretaria General.

Esta campaña estará encabezada por la Coordinación Municipal de Salud, en conjunto con el Sistema DIF Mulegé, CRESCA Santa Rosalía y la asociación Baja Mobile Steri Vet, con el propósito de fomentar el control responsable de la población animal y prevenir problemáticas de salud derivadas de la sobrepoblación.

En este sentido, Celina Ramírez, destacó que las jornadas de esterilización se realizarán del 23 al 27 de marzo en distintas colonias de Santa Rosalía: el 23 en Ranchería, 24 en Hidalgo, 25 en Mesa México, 26 en Nueva Santa Rosalía y 27 en Nopalera, con atención a partir de las 8:00 horas en cada sede.

Finalmente, la secretaria General, invitó a la ciudadanía a agendar previamente su cita vía WhatsApp al número (615) 109 2106, reiterando que el servicio será completamente gratuito y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la salud pública, la protección y tenencia responsable de mascotas.

• Se exhorta también a los cinco Ayuntamientos de BCS, para que en coordinación con las autoridades federales y estatales, implementen una campaña integral de retiro del cableado aéreo de las diversas ciudades de la entidad.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de BCS aprobó la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, mediante el cual se exhorta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a fin de que emita y expida los lineamientos para el reordenamiento, retiro o soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.

Agundez Cervantes sentenció que la emisión de dichos lineamientos contribuirá a mejorar el ordenamiento del espacio público, fortalecer la seguridad urbana, optimizar el desarrollo de la infraestructura tecnológica y garantizar que la expansión de las redes de telecomunicaciones se realice bajo criterios de planeación, sostenibilidad y respeto al entorno urbano.

En consecuencia y para fortalecer de manera coordinada e integral la problemática en comento, del mismo modo se exhorta a los cinco gobiernos municipales de BCS a que coordinen e implementen una campaña para identificar infraestructura en desuso, promover su retiro, ordenar las instalaciones existentes y contribuir a mejorar la seguridad, la movilidad y la imagen urbana de las ciudades de BCS.  

El promovente destacó que lo anterior deriva de la creciente saturación de cableado aéreo en postes y estructuras ubicadas en la vía pública de los cinco municipios de la entidad, situación que afecta no solo la imagen urbana, sino que puede representar riesgos para la seguridad de la población.

En la discusión del tema, el diputado Fabrizio del Castillo Miranda se mostró a favor del punto y en acuerdo respecto al riesgo que representa el cableado en desuso, o la saturación de los mismos, que incluso han ocasionado accidentes; al respecto, planteó que los ayuntamientos trabajen de manera coordinada para que la basura que genere la eliminación del cableado se reutilice de manera positiva en coordinación con alguna asociación civil.

•           Exhorta el Congreso del Estado a la Secretaría del Trabajo a verificar el cumplimiento de la reforma que garantiza el derecho al descanso durante la jornada laboral.

•           La diputada Karina Olivas Parra destaca que la “Ley Silla” es un avance clave para dignificar las condiciones de miles de trabajadores, especialmente en el sector servicios y comercio

Con una postura firme en defensa de los derechos laborales y la salud de las y los trabajadores, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó un exhorto para que la representación de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal en la entidad intensifique las inspecciones y verifique el cumplimiento de la llamada “Ley Silla”, una reforma que reconoce el derecho al descanso durante la jornada laboral.

La propuesta fue presentada por la diputada Karina Olivas Parra, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, y recibió el respaldo de las y los legisladores durante la sesión de este jueves 19 de marzo, consolidándose como un llamado institucional para garantizar condiciones laborales dignas en Baja California Sur.

En su intervención, la legisladora subrayó que la protección de la clase trabajadora constituye uno de los pilares fundamentales del Partido del Trabajo, al considerar a las y los trabajadores como actores esenciales en la economía nacional, que merecen garantías para desempeñar sus funciones en condiciones adecuadas y seguras.

Olivas Parra enfatizó que la entrada en vigor de la “Ley Silla” obliga a los centros de trabajo a asumir un papel más activo en la protección de la salud física de su personal, particularmente de quienes realizan actividades en bipedestación, es decir, de pie durante largos periodos.

Recordó que las disposiciones más recientes de esta reforma entraron en vigor el pasado 15 de diciembre de 2025, derivadas del decreto publicado el 19 de diciembre de 2024, así como de los lineamientos sobre factores de riesgo laboral emitidos en junio de 2025. Estas normas son de cumplimiento obligatorio para los centros de trabajo de los sectores servicios, comercio y similares, y en aquellos establecimientos industriales donde la naturaleza del trabajo lo permita.

“La ‘Ley Silla’ no es un tema menor, es una medida que incide directamente en la salud y bienestar de miles de personas trabajadoras, quienes históricamente han desempeñado sus labores sin condiciones mínimas de descanso”, puntualizó.

En ese sentido, la diputada hizo un llamado a la autoridad laboral federal para que, a través de su área de inspecciones, realice las diligencias necesarias que aseguren el respeto a este derecho y vigilen el cumplimiento de la legislación vigente en la entidad.

Asimismo, destacó que organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han recomendado que, en trabajos que requieren permanecer de pie, se debe proporcionar a las y los trabajadores una silla o superficie adecuada, permitiéndoles sentarse a intervalos regulares.

Finalmente, subrayó que datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022 evidencian la magnitud del reto, ya que tan solo en tiendas departamentales y de autoservicio laboran cerca de 896 mil personas en el país, de las cuales el 52% son mujeres, muchas de ellas obligadas a permanecer de pie durante toda su jornada, cumpliendo además con exigencias de imagen y atención al público.

• El diputado Sergio Huerta Leggs propuso un punto de acuerdo aprobado por la asamblea legislativa

La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur llamó a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los cinco ayuntamientos y entes fiscalizables para que implementen mecanismos estrictos de control y supervisión del gasto público para reducir el número de observaciones en sus procesos de auditoría.

Con información de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Sergio Huerta Leggs (MORENA) señaló una serie de deficiencias en las cuentas públicas de los entes, mismas que deben ser solventadas para cumplir con las leyes aplicables y evitar observaciones y sanciones.

Solo entre un 25 y 30 % de los entes sujetos a auditoría cumplen a cabalidad con su cuenta pública, expuso en tribuna; por ello propuso un punto de acuerdo aprobado por la asamblea legislativa para exhortar a los entes y a sus titulares para que implementen dichos mecanismos de control y seguimiento al gasto público.

“Las instituciones estatales y municipales deben redoblar esfuerzos para cumplir  con un mejor proceso de gasto público cada año, y de esta manera ofrecer certeza a la sociedad en el manejo de los recursos públicos”, acotó.

De esta manera, reiteró, se incrementará el nivel de cumplimiento y se bajará el número de observaciones. Añadió que la Auditoría Superior del Estado está siempre en la disponibilidad de ofrecer capacitación para tal fin.

La diputada Lupita Saldaña (PAN) avaló la propuesta al señalar que la problemática se ha agudizado en los últimos años, como lo han mostrado los dictámenes de cuentas públicas que generalmente, no se han aprobado por el Congreso. Señaló que se requiere de una fiscalización de impacto y gobernanza asegurando que el gasto público cumpla con criterios de legalidad de eficiencia y legitimidad social.

Por su parte, la diputada Karina Olivas Parra (PT) se pronunció por el trabajo de fiscalización del Poder Legislativo al gasto público; de lo contrario, advirtió, se podría convertir en una bola de nieve. Asimismo, solicitó a la Mesa Directiva que le dé seguimiento a los turnos a comisiones para que el punto de acuerdo pueda ser dictaminado.