El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur (CECyTE BCS) formalizó un convenio general de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz, para ampliar las oportunidades de formación y desarrollo de su comunidad estudiantil.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones del CCE La Paz, con la participación de representantes de las nueve cámaras y asociaciones que integran este organismo.

Entre ellas se encuentran CANACO, CANADEVI, CMIC, EMPRHOTUR, CANACINTRA, CANIRAC, CANACAR, AMPI y la Asociación de Hoteles y Anfitriones de Todos Santos y El Pescadero.

El acuerdo contempla acciones para impulsar la Educación Dual, contribuir a reducir el rezago educativo, mejorar la empleabilidad de las y los jóvenes, identificar las necesidades del mercado laboral y promover la certificación de habilidades y competencias laborales.

El convenio fue suscrito por el director general del Colegio, Vladimir Torres Navarro, y el presidente del CCE La Paz, Víctor Manuel López López, con la presencia de Iván Flores Benítez, coordinador nacional de CECyTE, y Guillermina Alvarado Moreno, directora general del CONOCER.

Durante la firma, Torres Navarro resaltó la importancia de acercar la formación académica al ámbito laboral: “Queremos que nuestros estudiantes desarrollen sus competencias y se acerquen al mundo laboral, con una formación que responda también a las necesidades del sector productivo”.

La Secretaría de Salud de Baja California Sur, a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), atiende las solicitudes de unidades sanguíneas que realizan los hospitales para pacientes que requieren una transfusión, mediante un proceso que considera las condiciones clínicas de cada persona y la disponibilidad de componentes sanguíneos.

El director del CETS, Asiel Arce Sillas, explicó que la asignación de las unidades se determina conforme a criterios médicos, entre ellos la urgencia de cada caso y la compatibilidad inmunohematológica. Una vez autorizada, el traslado y la entrega se realizan directamente entre el personal correspondiente.

En este sentido, el servidor público señaló que se han recibido reportes de familiares de pacientes contactados por personas que se hacen pasar por profesionales de la salud y solicitan dinero a cambio de agilizar la entrega de unidades sanguíneas. Ante ello, exhortó a la población a no efectuar ningún pago y, en caso de presentarse una situación de este tipo, realizar la denuncia ante la autoridad ministerial.

Asimismo, comentó que en redes sociales son frecuentes las solicitudes para conseguir donantes de sangre para familiares o amistades. Indicó que en otras entidades del país se han detectado casos en los que este tipo de publicaciones son utilizadas para solicitar recursos de manera fraudulenta, por lo que recomendó verificar la información y la procedencia de estas peticiones.

Arce Sillas enfatizó que las unidades de sangre destinadas a pacientes no tienen costo, por lo que ningún familiar debe entregar dinero para obtenerlas o agilizar su disposición. Para confirmar información o recibir orientación, las personas pueden acudir directamente al CETS o al área de Trabajo Social del hospital donde se encuentre ingresado el paciente.

Finalmente, recordó que los procedimientos para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos se realizan conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, que establece las disposiciones sanitarias aplicables a su extracción, análisis, conservación y distribución, bajo criterios de seguridad y donación voluntaria, altruista y no remunerada.

• Que se resuelvan desprendimientos, grietas, hundimientos, socavones y demás detalles: Diputada Karina Olivas

La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur exhortó al INFONAVIT y a la PROFECO en Baja California Sur, así como a la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, para que de manera urgente se dé solución a la problemática de desprendimientos, grietas, hundimientos, socavones y demás detalles de construcción de los conjuntos habitacionales de la colonia “Valle del Mezquite” en La Paz.

La asamblea avaló por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la diputada Karina Olivas Parra (PT), quien advirtió el riesgo de habitantes ante un posible colapso, puesto que dictámenes técnicos de Protección Civil en 2022 y 2026 recomendaron el desalojo.

La legisladora describió las dificultades que los habitantes del conjunto habitacional padecen al poco tiempo de que les fueron entregadas en los años 2017 y 2018; desde 2019, los afectados han emprendido acciones legales, acudido al INFONAVIT, principal fuente de financiamiento hipotecario, a la PROFECO, sin que hasta el momento tengan solución.

La última señal de alerta, refirió la legisladora, fueron las afectaciones de las lluvias del pasado lunes 31 de agosto, que provocaron el desprendimiento de una sección de la parte superior de uno de los edificios de Valle del Mezquite.

“Son familias que viven con miedo dentro de su propio hogar, que pagan durante años un crédito hipotecario y tienen derecho a esperar que el inmueble que adquirieron sea un patrimonio y no una fuente permanente de incertidumbre”, sentenció Olivas Parra en tribuna.

De manera específica pidió que se revise la situación particular de cada crédito, así como los seguros y mecanismos de protección aplicables, como los seguros de calidad de vivienda, de daños, además de analizar opciones de reubicación que eviten una tragedia futura.

A favor se manifestaron la diputada Arlene Moreno (PT) al exhortar a que los proyectos se hagan con prevención, puesto que la problemática afecta a quien menos tiene.

Sergio Guluarte (MORENA) se sumó al llamado para que las autoridades competentes encuentren soluciones de fondo con base en dictámenes técnicos.

Erick Agundez (PVEM) pidió agregar a la mesa a la FGR y a la Procuraduría General de Justicia del Estado y determinar responsabilidades.

Finalmente, Fabrizio del Castillo (PRI) se pronunció porque se les dé solución a las personas, que se hagan valer los seguros y la empresa se haga responsable de responder a las familias afectadas.

• “Vivir en el norte no debe significar estar lejos de la salud”: Diputada Teresita Valentín

La XVII Legislatura emitió llamados al IMSS Bienestar y a la Secretaría de Salud para que durante el 2027 el Hospital General de Santa Rosalía cuente con un segundo equipo de hemodiálisis instalado y en operación, así como que se informe el estado del proyecto de construcción de la Unidad Médica o Clínica de Vizcaíno.

La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, representante del XIV Distrito Local, presentó ante el Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo para que ninguna familia del norte de Baja California Sur tenga que recorrer cientos de kilómetros para acceder a servicios médicos esenciales.

El pleno avaló la solicitud de la legisladora, quien exhortó al IMSS Bienestar como a la Secretaría de Salud para realizar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias.

“Mulegé no solicita privilegios; solicita condiciones de equidad territorial”, sostuvo la diputada, al señalar que la distancia geográfica no puede convertirse en una barrera para ejercer un derecho humano fundamental como es la salud.

Valentín Vázquez explicó que el Hospital General de Santa Rosalía actualmente cuenta con un equipo para brindar hemodiálisis; sin embargo, la demanda regional hace necesario incrementar su capacidad.

Pidió que el equipo sea acompañado de los insumos, mantenimiento, mobiliario y personal médico y de enfermería especializado necesarios para garantizar una atención continua.

Planteó además que se valore incorporar rayos X y análisis clínicos, así como fortalecer la prevención, detección y control de enfermedades crónico degenerativas, garantizando también el abasto suficiente y oportuno de medicamentos.

Resaltó que busca impulsar una red regional de atención más sólida, preventiva y con mayor capacidad de respuesta para las familias del norte de Baja California Sur.

• Revelaron que la convocatoria está abierta hasta las 15:00 horas del martes 15 de septiembre próximo

La Comisión Permanente de Asuntos Políticos de la XVII Legislatura de Baja California Sur emitió una nueva convocatoria para designar la titularidad de la Defensoría Pública Electoral de BCS por un periodo de 4 años.

En rueda de prensa, la presidenta de la comisión, diputada Alondra Torres García, la diputada secretaria Teresita Valentín Vázquez y la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Sara Flores, revelaron que la convocatoria está abierta hasta las 15:00 horas del martes 15 de septiembre próximo, la cual ya está disponible en el sitio web del congreso: www.cbcs.gob.mx.

Los interesados deberán presentar solicitud de registro, curriculum vitae impresos enviar los archivos digitales en caso de residir en los municipios, al correo electrónico registro.defensoria.electoral@cbcs.gob.mx.

Deberán cumplir con los requisitos de: Contar con 30 años de edad a la fecha de la designación, experiencia mínima comprobable de 5 años en áreas afines al derecho electoral y de los derechos humanos, título y cédula profesional, no ser dirigente o militante de algún partido político en 5 años previos a la designación, no haber sido inhabilitado y no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

La Comisión Permanente de Asuntos Políticos integrará una terna con los tres mejores perfiles que se hayan registrado, la cual propondrá a la legislatura para que, en sesión pública, comparezcan ante el pleno; mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, designará a la persona titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

La convocatoria se emite luego de que en un primer proceso de elección no se  alcanzó el número de votación de mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de sus integrantes. La Defensoría Pública Electoral de BCS tiene como función el garantizar la defensa y representación de los derechos político-electorales de la ciudadanía, como lo establece la legislación en la materia