LAS RABIETAS DE “GOYO”
Por Alejandro Barañano
Tuve la oportunidad de reunirme el pasado fin de semana con un buen amigo –que omitiré sus nombre por razones obvias- y me comentó que quien cobra quincena tras quincena a la sazón de alcalde de La Paz, hizo una tremenda rabieta al enterarse de lo que se publicó en este espacio y que se tituló “Caja de Pandora”.
Pues bien, a mí lo que haga o deje de hacer “Goyo” –como ahora le dicen sus cercanos colaboradores y uno que otro llevado- la verdad que me tiene sin cuidado, y si cree tener la razón y poseer la verdad absoluta pues está muy equivocado.
Y lo señaló porque en esa tarde de café se me dijo que “Goyo” sostuvo ante un grupo de subalternos que no existía razón alguna para que se preocupara Sara María Beltrán Navarro –o sea, la contralora municipal- ya que es mentira que existan posibilidades de vaya a la picota, e incluso profirió la advertencia de que quien lo escribió debería andarse mucho cuidado por esas aseveraciones proferidas.
Pues bien, ojala “Goyo” se entere de una vez por todas que si existe alguien con responsabilidad administrativa por acción y omisión, y que quien puede ser inhabilitada y responsabilizada incluso penalmente es ni más ni menos que Sara María Beltrán Navarro; primero porque traiciono los principios éticos de su responsabilidad, y después porque se colocó en una posición de jaque mate con su permanencia en el cargo ya que su credibilidad está por demás demeritada.
Además si “Goyo” se diera un poco de tiempo y leyera con detenimiento la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur, se enteraría quienes son los sujetos y cuales las obligaciones que existen conforme al Artículo 45, en el que se marca que incurren en responsabilidad administrativa todos los funcionarios que se desobliguen a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que incurra y sin perjuicio de sus derechos laborales.
Además en la misma normatividad –Artículo 46 para ser precisos- queda en claro que un funcionario deberá abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplir con las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público.
Ahora bien, si vinculamos estos dos articulados nos podremos dar cuanta que ahí están establecidas en qué momento y bajo que circunstancias es responsable un servidor público, tal y como sucede con el incumplimiento de la contralora Sara María Beltrán Navarro, por lo que podemos llegar a la conclusión de la paradoja inicial que hace días señalamos en el sentido de que si era la responsable de la revisión donde se supone se detectarían las irregularidades de su anterior jefe, o sea Armando Martínez Vega, pues tuvo la obligación de haberlo vigilado a conciencia, y con su actuar está visto que nos va a cargar la tía de las muchachas pues la supuesta auditoría no llegará a ningún lado.
Además también existe otro rubro interesante para analizar, y es lo concerniente a los tiempos de la presentación de una denuncia. Y lo digo porque el Artículo 51 de la misma Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece con claridad que esta posibilidad prescribe a un año de haberse cometido una irregularidad.
Es decir, si se tomó sin permiso un millón de pesos de las arcas del pueblo en diciembre del año 2015, -por ejemplo- pues la acción prescribió entonces en diciembre del 2016, o sea hace casi tres años.
En pocas palabras, lo único sujeto de responsabilidad hoy en día son las irregularidades cometidas entre los meses de enero y septiembre del año pasado; ya que por los periodos de prescripción tenemos una ley que parece privilegiaba cuidar el “Año de Hidalgo”, o sea no tomar lo que no es suyo al final del periodo.
Precisamente ahí estriban los términos de Sara María Beltrán Navarro, ya que si no hizo correctamente lo que debió haber hecho en su tiempo y forma, la expectativa de rendición de cuentas seguirá siendo simplemente un sueño guajiro para los ciudadanos.
También pareciera que se ha vuelto prioritario amenazar con meter en el CERESO a su antecesor, pero el problema radica en que no saben –o no quieren saber- como armar los procedimientos correctamente, pues en vez de aprovechar las sanciones administrativas e inhabilitar a tanto funcionario que frecuentemente se recicla en cada elección, estos -los procesos administrativos- dan la oportunidad de recuperar el recurso financiero perdido a veces por incompetencia o ineptitud, más que por peculado.
Por ello resulta por demás insulso apostarle a un proceso penal que solo da rentabilidad mediática pero jamás la recuperación de un peso, y como muestra basta un botón, pues si Sara María Beltrán Navarro fue la responsable directamente de articular la estrategia en contra de Esthela de Jesús Ponce Beltrán junto con el leguleyo de Santiago Leal Amador, pues quedó visto que no obtuvieron más que pena ajena. ¿O me equivoco?
Ojala y que no haga más rabietas “Goyo”, lo invito a que se tome una emulsión de pasiflora o que duerma cuando menos ocho horas para que se evite tanto desgaste innecesario; y por lo pronto quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .
