— A un año de operaciones ha sido importante para reintegrar la ética y la honestidad en la función pública
— Se trata de una instancia competente para dirimir las controversias entre las administraciones públicas estatales y municipales con particulares
Luego de acudir al primer informe de actividades de la magistrada Mirna Arenal Ceseña, como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en la entidad, el gobernador Carlos Mendoza Davis destacó la importancia del evento, pues se trata de una instancia para prevenir y sancionar la corrupción, para garantizar un actuar correcto de quienes formamos parte de la administración estatal y de las municipales.
El ejecutivo estatal consideró que la operación de este tribunal brinda a nuestro sistema un componente fundamental para reintegrar la ética y la honestidad en la función pública. “Contamos hoy con un órgano autónomo y competente para dirimir las controversias que puedan ocurrir entre la administración pública estatal o municipales con los particulares”, dijo.
La magistrada Mirna Arenal Ceseña, resaltó la consolidación de esta dependencia, y comentó que los actos de autoridad más controvertidos han sido relacionados con inscripción de bienes inmuebles, otorgamiento de concesiones, cambios de uso de suelo, infracciones de tránsito, determinaciones de impuestos, destitución de policías, recisiones e incumplimiento de contrato.
“A seis meses de operación ya se han emitido las primeras sentencias, atendiendo los plazos establecidos en la ley con un promedio de cuatro meses y medio desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia. De los 70 expedientes, se han concluido 21, lo que representa el 30%, estando en emisión de resolución 8 y en proceso de integración el resto”, dijo.
Arenal Ceseña precisó que esta institución también conoce y resuelve las controversias relativas al incumplimiento de los contratos administrativos como lo son de obra pública y adquisiciones. Durante el periodo que se informa, dijo, el monto al que ascienden los contratos en controversia así como los correspondientes a la materia fiscal tanto estatal como municipal es de 22 millones de pesos en 18 expedientes.
Dio a conocer que también, por primera vez, se impuso a un servidor público una sanción por haber cometido una falta administrativa grave; de igual manera, en una resolución emitida por el tribunal, se aplicó por primera ocasión la Ley de
Responsabilidad Patrimonial para el estado y municipios de Baja California Sur.
Los resultados obtenidos a un año de su apertura, agregó finalmente el gobernador Mendoza Davis, hablan no sólo de una muestra de colaboración interinstitucional; sino también de un testimonio de logro profesional de quienes ahí se desempeñan, ya que el Tribunal requirió de una gran dedicación y compromiso.
Finalmente, Mendoza Davis, reiteró la trascendencia de contar con una institución totalmente autónoma que regula la actuación de los servidores públicos, que coadyuva al perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de las entidades de gobiernos estatales.
