— Como representantes populares debemos responder a la necesidad de difundir el tema de la inclusión laboral: Diputada Anita Beltrán
Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos deberán contratar a personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado, hasta alcanzar cuando menos el tres por ciento de la planta laboral y en el caso de las empresas, industrias, comercios y establecimientos cuyo capital sea privado, por lo menos el dos por ciento.
Lo anterior fue el resultado del dictamen que presentó la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se propone la adición de un primer párrafo al artículo 74 de la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Baja California Sur, que presentaron las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Lorenia Lineth Montaño Ruiz, así como el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social.
“Como representantes populares debemos responder a la necesidad de difundir el tema de la inclusión laboral; buscando aportar nuestro granito de arena en el apoyo al diseño de una política de inclusión laboral sustentada en la capacidad y oportunidad de generar los medios para que los sectores más vulnerables de la población como lo son las personas con algún tipo de discapacidad puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera plena a través de una actividad productiva”, expresó la presidenta de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, diputada Anita Beltrán Peralta.
Esta modificación se refleja en facilitar el acceso a un espacio laboral de las personas con discapacidad, que les garantice poder trabajar y formar parte de la población económicamente activa, con todos los beneficios que ello implica.
Cabe destacar que según el último censo de población y vivienda, en México asciende a 5.7 millones el número de personas con discapacidad, que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, y que los principales motivos son relacionados con actos discriminatorios y la falta de infraestructura adecuada en los centros de trabajo.
Este derecho tiene que ver con la obligación del estado mexicano de velar porque éste se materialice en relaciones labores conducentes a propiciar el trabajo digno en el que no hay cabida a ningún tipo de discriminación laboral; el tema de inclusión laboral es reciente; por lo que se trata de un nuevo enfoque que ha permitido sentar las bases para transitar de una política asistencialista a una política de derechos humanos, que facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la sociedad en la vida social y económica del país.
