Mes: enero 2020

— La entidad está a la expectativa de que se definan los esquemas de operación y fuentes de financiamiento del INSABI

La prioridad del sistema de salud en Baja California Sur es la atención de los pacientes. Por esa razón, las instancias estatales seguirán atendiendo a la población que requiera servicios de salud como lo hicieron en 2019, en tanto el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) comprueba que funciona de manera adecuada informó el gobernador Carlos Mendoza Davis.

En la entidad requerimos de un servicio oportuno, profesional, atento y suficiente que hoy, en las condiciones que se encuentra, el INSABI no garantiza. De ahí que se hayan girado instrucciones a los hospitales estatales y centros de salud para que, conforme a su plantilla laboral y disponibilidad de recursos, continúen brindando servicios a las y los sudcalifornianos como se venía haciendo, sin afectación alguna, indicó.

En este sentido, Mendoza Davis señaló que la falta de reglas de operación para la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, es la principal limitante que enfrenta Baja California Sur y el resto de las entidades desde la reforma a la Ley General en la materia. “Su implementación esta rezagada por que no se tiene una normatividad que defina los mecanismos de coordinación con los estados. Incluso, en este momento, no queda claro ni como se va a organizar, ni el monto y origen de las fuentes de financiamiento”, agregó el gobernador.

Señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 contempla recursos para Baja California Sur y el resto de las entidades, pero están etiquetados al Seguro Popular y por tanto no se pueden acceder a estos, ya que fue disuelto. Destacó que a la fecha, los recursos del ramo 12 para la implementación de los programas de salud siguen detenidos ya que no se tienen las reglas ni lineamientos, por lo que no se pueden establecer los convenios de colaboración respectivos con los estados.

Finalmente, Mendoza Davis expresó que su administración tiene completa disposición para avanzar en la implementación de esta reforma a la Ley General de Salud, pero enfatizó la importancia de que en su implementación no se afecten los servicios que se brindan a la población. “No se puede desmantelar una Institución, y menos tratándose de un servicio tan sensible como la salud, si no se tiene claramente definido con que se va a sustituir y comprobado su funcionamiento y operación” concluyó el titular del Ejecutivo.

— Se actualizaron los criterios para la determinación de las penas con base en la cuantía de lo robado y se tipificó el delito robo de cableado eléctrico e hidráulico

Las reformas en materia de delitos de robo recién aprobadas en el código penal estatal están en plena concordancia con las demandas de la sociedad sudcaliforniana, que pide acciones contundentes contra la delincuencia, sobre todo las que vulneran de manera más grave los bienes jurídicos de las personas, afirmó la diputada Daniela Rubio Avilés, presidenta de la comisión de seguridad en el congreso de Baja California Sur.
La representante del partido humanista refirió que el robo es el delito que más lastima a los ciudadanos, al lesionarles el patrimonio, por ello se actualizaron los criterios para la determinación de las penas con base en la cuantía de lo robado y se tipificó el delito robo de partes de instalaciones de servicios básicos e industrias, es decir, el robo de cableado de energía eléctrica o hidráulicas, partes de medidores de energía eléctrica y gas, así como equipamiento industrial y de la construcción de obras, en el que las penas serán de 1 a 5 años de prisión y de 50 hasta 200 días multa.
Expuso que antes de las reformas el delito de robo simple tenía una penalidad única de 6 meses a 6 años de prisión y multa hasta por cien días, ahora las penalidades serán de 6 meses y hasta 14 años de prisión.
Así explicó que: en el caso de robo simple, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión y hasta 100 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 80 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Cuando el valor de lo robado exceda de 80 veces hasta 250 veces de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 200 días multa, el valor de la UMA.
De 6 a 14 años de prisión y de 200 hasta 500 días multa, cuando el valor de lo robado exceda de 250 veces el valor diario de la UMA.
Explicó también que en el robo con violencia, a la pena de cada hipótesis del robo simple, se agregarán de 3 a 6 años de prisión, si la violencia en las personas constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación, estableciéndose también cuatro hipótesis para la equiparación al robo con violencia, que tendrá las mismas penas que el robo con violencia.
En cuanto al robo calificado, dependiendo de las 23 hipótesis contempladas, se pondrán alcanzar penas de prisión de 5 a 15 años y de 5 a 10 años, a las cuales se le podrán agregar de 3 a 5 años de prisión cuando en las hipótesis contempladas se comentan con violencia.
Rubio Avilés expuso que en el caso del robo en terreno rústico, además de las penas previstas para el robo simple, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 100 hasta 200 días multa.
Se introdujo un artículo que determina cuales son los delitos de robo que se perseguirán por querella. Así mismo, se aumentó la penalidad para el delito de robo de uso que estaba en el código vigente con una pena económica, proponiéndose que tenga pena de prisión de uno a seis meses.
Así mismo, se establecieron las hipótesis por las que el robo deberá ser perseguido por querella de parte ofendida.

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración (SECFIN), en un ejercicio de orden y compromiso con los trabajadores adscritos a las diferentes poderes, dependencias centralizadas y entidades de la Administración Pública Estatal, erogó el día 10 de enero del 2020 al menos 56.1 millones de pesos por concepto de la segunda parte de los aguinaldos correspondientes.

Al respecto, el titular de la SECFIN, Isidro Jordán Moyrón, informó que a la fecha se emprendieron acciones a fin de erogar recursos para el pago de estos aguinaldos, a los cuales tienen derecho los trabajadores institucionales de acuerdo a los ordenamientos legales y reglamentos respectivos, mismos que beneficiarán a un número igual de familias sudcalifornianas.

Además, el funcionario estatal señaló que los recursos mencionados incluyen el pago al sector educativo en Baja California Sur, esto en lo que corresponde al personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de los trabajadores de la Secretaría de Salud (SSA).

Dicha remuneración extraordinaria, la cual es un derecho reconocido para los trabajadores, es parte de un reconocimiento legal que es otorgado durante este periodo, para que puedan afrontar los gastos habituales erogados el pasado fin de año, por lo que exhorta a los trabajadores a realizar una correcta aplicación del mismo para que beneficie a sus familias.

Por último, Jordán Moyrón, reiteró que no obstante los escenarios financieros complejos, con éstas acciones la actual administración estatal cumple en forma con los compromisos decembrinos asumidos, y refrenda el absoluto respeto a los derechos de los y las trabajadores, lo que generará una prestación de servicios con calidad, pertinencia y equidad para el desarrollo de las habilidades individuales y colectivas, lo que garantiza una mejora continua en los indicadores de la calidad.

— El gobernador reconoció su gran esfuerzo durante la celebración por el Día de la Enfermera y Enfermero
— La Entidad cuenta con la asistencia de 2 mil 500 profesionales de la salud

El trabajo comprometido y con un alto sentido humanista que llevan a cabo los profesionales de la salud, ha sido decisivo para lograr resultados positivos en las estrategias desarrolladas por el Gobierno del Estado, para fortalecer la prestación de servicios y mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos, expresó el gobernador Carlos Mendoza Davis durante la celebración por el Día de la Enfermera y Enfermero.

Acompañado por el secretario estatal del ramo, Víctor George Flores, el ejecutivo estatal señaló que las mujeres y hombres que ejercen con vocación la enfermería, son una fortaleza para la salud pública de la Entidad, contribuyendo a la construcción de un mejor futuro para los habitantes, mediante la asistencia y cuidados que ofrecen para el refuerzo médico.

Mendoza Davis reconoció al personal de enfermería por el apoyo incondicional que ha brindado a las acciones impulsadas por esta administración estatal, como es el intercambio de servicios entre la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE que permite a las instituciones complementarse en equipo y especialistas, a fin de brindar atenciones más oportunas a los pacientes, independientemente de la derechohabiencia que posean.

De igual forma, menciono que se ha invertido en infraestructura para brindar la mayor cobertura posible en beneficio de los sudcalifornianos, siempre con miras hacia una mejor calidad de vida, así como el menor impacto a su economía para mayor tranquilidad.

Finalmente, puntualizó que en “Baja California Sur, se cuenta con cada uno de los más de 2 mil 500 enfermeras y enfermeros que trabajan en los distintos institutos de salud y que juntos saldremos adelante, porque cuando hay unidad y disposición no hay reto que no pueda resolverse, ni meta inalcanzable”, reiteró.

— Por ahora, 36 elementos constituyen una nueva generación de la AESP
Continuando con las acciones que garanticen que Baja California Sur cuente con corporaciones policiales integradas por elementos capacitados y preparados para cuidar y servir a la sociedad, la Academia Estatal de Seguridad Pública (AESP), imparte el curso “Formación Inicial para Preventivo” dirigido a policías municipales de La Paz, en activo.
En este mismo rubro, el titular de la AESP, Antonio Campos Navarrete manifestó que, para tener un buen equipo de seguridad pública, es indispensable que cada uno de los integrantes tenga el dominio de la totalidad de habilidades y conocimientos que provee el programa de formación, donde incluso aquellos agentes que ya están en activo y tienen experiencia en la labor, puedan contar con esta importante preparación.
“La experiencia que poseen los agentes que inician sus clases formativas, los apoyará para que adquieran de manera más práctica los conocimientos y puedan perfeccionar sus habilidades, así como descubrir los aspectos teóricos que les permita desarrollar el criterio que como autoridad y guardianes del orden necesitan para ejercer su labor con apego a los derechos humanos y las normativas más actualizadas de la función” indicó.
El curso con una duración de 486 horas, abarca temas como detención y conducción de personas, uso de armas, derechos humanos, conducción de vehículos policiales, vigilancia y patrullaje, cultura de la legalidad, primeros auxilios, entre otras, y es requisito indispensable del Servicio Profesional de Carrera Policial, aprobado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Finalmente, Antonio Campos Navarrete refirió que el recurso ejercido para este curso proviene del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019, el cual, en coordinación con el gobierno federal e instituciones estatales y municipales, tiene como objetico reforzar los proyectos encaminados a la profesionalización de los cuerpos policiales.