Mes: junio 2020

— Tras aprobar reformas a la Ley General de Educación para BCS, la comisión de educación que preside el diputado Esteban Ojeda Ramírez presentó propuestas de reforma a la constitución estatal para que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la media superior y superior serán obligatorias, las cuales fueron aprobadas en todos sus términos.

Con modificaciones a los artículos 10 y 22 de la Constitución Política de Baja California Sur, el Congreso del Estado aprobó que todos los niveles educativos desde la educación inicial hasta la superior sean consideradas como obligatorias para el Estado de Baja California Sur.
La iniciativa, presentada este martes 02 de junio, en sesión ordinaria, por el diputado de MORENA y Presidente de la comisión permanente de asuntos educativos de la XV Legislatura, diputado Esteban Ojeda Ramírez y las diputadas Petra Juárez y Mercedes Maciel, busca armonizar la nueva Ley General de Educación para Baja California Sur, aprobada el pasado 15 de mayo con la Ley Federal de Educación que reemplazó la de la Reforma Educativa del sexenio pasado.
La iniciativa fue dispensada de la segunda lectura y aprobada en todos su términos en lo general y en lo particular. El artículo 10 de la Constitución de Baja California Sur señala que “…Todos los habitantes del Estado tienen el derecho inalienable de recibir educación. El Estado y Municipios impartirán educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria constituye la educación básica, ésta, la media superior y superior serán obligatorias.
La educación que impartan el Estado y Municipios se basarán en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con enfoque de derechos humanos y de igual sustantiva; será además, laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, científica y popular, atendiendo en todo los postulados del artículo tercero de la Constitucional General”.

— La propuesta fue presentada por la diputada local Milena Quiroga Romero, busca abonar a la transparencia y rendición de cuentas

La diputada local Milena Quiroga Romero, presentó en sesión ordinaria, la iniciativa con proyecto de decreto que pretende, que, el Gobierno del Estado y los 5 Municipios de Baja California Sur den aviso al congreso del estado cuando se requiera un financiamiento con cualquier entidad a la que se requiera, ya que actualmente la Ley de Deuda Pública vigente, no contempla esta situación, lo que ha propiciado que se incremente la deuda pública con la contratación de este tipo de créditos.
Quiroga Romero, enfatizó que, “particularmente se sugiere adicionar un artículo 22 bis a la Ley de Deuda Pública para hacer posible que el Poder Ejecutivo o los Municipios, según corresponda, estén obligados a dar aviso al Congreso del Estado cuando contraten un financiamiento a corto plazo, dentro de los cinco días naturales posteriores a dicha contratación”.
En lo que refiere al artículo 56 bis, el documento presentado por la diputada local Milena Quiroga, refiere que consiste en establecer a nivel de ley que el Registro de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Baja California Sur se publique a través de la página oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas y Administración para que pueda ser consultado por cualquier persona que tenga interés, ya que en la actualidad el registro no se publica, lo obstaculiza y complica la difusión y conocimiento de la información contenida en dicho registro.
“Con esta propuesta, buscamos favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que finalmente la contratación de estos créditos, se solventa con recursos públicos, por lo que resulta necesario, enterar a la ciudadanía, de su contratación” finalizó Quiroga Romero.

— Que sean los ciudadanos a través de su voto, quienes determinen sí un partido obtiene su registro, sí obtiene o no representantes, sí recibe o no financiamiento público para sus actividades, proponen los diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Marcelo Armenta, Humberto Cordero y Homero González Medrano

Los diputados de la Fracción Parlamentaria de MORENA en la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, los Diputados Héctor Manuel Ortega Pillado, Marcelo Armenta, Humberto Cordero y Homero González Medrano, propusieron hoy eliminar la figura de la candidatura común para participar en las elecciones del Estado.
Al presentar la iniciativa para derogar la fracción IX del artículo 36 de la Constitución Política de Baja California Sur, los legisladores pretenden homologar las disposiciones que regulan las posibilidades de los partidos políticos para participar en las elecciones a nivel federal con la local.
En su exposición de motivos, los iniciadores señalan que la razón de esta iniciativa de reforma constitucional, permitirá que sean los ciudadanos a través de su voto, quienes determinen sí un partido obtiene su registro, sí un partido obtiene o no representantes, sí un partido recibe o no financiamiento público para sus actividades.
Señalaron los legisladores en su texto que ya no se trata tener partidos construidos artificialmente, que gozaban de candidaturas, recursos públicos y representantes en las cámaras. Hoy se trata de un sistema de competencia electoral, donde el voto ciudadano decide, qué partido mantiene su registro para participar en la vida pública; qué partido recibe financiamiento público, de acuerdo a su arraigo entre los ciudadanos, de manera que el número de votos determina su financiamiento; hoy son los ciudadanos, quienes con su voto determinan cuantos diputados o regidores puede obtener un partido, de acuerdo con los votos recibidos.
Por lo tanto, concluyeron, que serán los votos de los ciudadanos los que determinan la vigencia de un partido político. Fue turnada a las comisiones de asuntos políticos y de puntos constitucionales y de justicia para su análisis y dictaminación.

— Coinciden en la necesidad de fortalecer la comunicación y la coordinación para tomar las mejores decisiones
— Los mandatarios estatales sostuvieron el acuerdo con la Secretaría de Gobernación

En reunión entre gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el gobierno de la República, representado por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el gobernador Carlos Mendoza Davis, quien actualmente preside la CONAGO, expresó la necesidad de establecer acuerdos y sumar voluntades para que el regreso a la actividad económica se de en las mejores condiciones, “ratificamos que federación y estados tenemos una obligación legal y moral de trabajar juntos, coordinados, particularmente en momentos difíciles como el que vive nuestro país”, puntualizó.

Mendoza Davis dio a conocer que en este encuentro se acordaron acciones para llevar a cabo las mejores estrategias que permitan avanzar en la reactivación de las actividades económicas de manera escalonada, tomando en cuenta el semáforo epidemiológico y la opinión de los gobernadores sobre la situación de la pandemia en sus respectivos estados.

Uno de los consensos alcanzados señala que la Secretaría de Salud hará llegar a las entidades federativas, por escrito, los indicadores utilizados para la construcción del semáforo COVID. También se enviará semanalmente a los gobernadores los valores de estos indicadores por entidad federativa, quienes podrán formular los comentarios y observaciones correspondientes.

Una vez alcanzado el acuerdo entre federación y estados, se procederá a hacer público el semáforo COVID y finalmente, como cuarto punto, la Federación emitirá una disposición de carácter general con criterios que deben aplicar los estados para mitigar la pandemia.

Por su parte, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero consideró valioso el consenso alcanzado en esta reunión virtual, pues coincidió en la trascendencia de fortalecer la coordinación, la comunicación y la toma de acuerdos puntuales como los al alcanzados, para la reactivación paulatina de las actividades económicas.

En dicha reunión participaron 30 mandatarios estatales del país, así como los secretarios de Economía, Graciela Márquez Colín, de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, así como los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoe Robledo Aburto, del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda.

— En todos los Poderes del Estado deberá garantizarse el principio de paridad de género en los espacios, en tanto que en el marco normativo se modificaron redacciones con lenguaje incluyente de género
— Será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral local siguiente. Las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración, elección y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones, elecciones y nombramientos que correspondan
El Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Constitución Estatal y diversas leyes estatales, entre ellas la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Baja California Sur, para garantizar la paridad de género en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado. En el caso de los cargos de elección popular deberán tomarse en cuenta en la selección de representantes de partidos como en las nuevas administraciones.
La comisión de puntos constitucionales y de justicia integrada por la diputada Petra Juárez Maceda, Presidenta y la diputada Sandra Moreno y el diputado Homero González Medrano, secretaria y secretario respectivamente, presentó en segunda lectura el dictamen de tres importantes iniciativas presentadas en diferentes ocasiones por el diputado José Luis Perpuli (PAN), las diputadas María Petra Juárez Maceda, María Rosalba Rodríguez López, Milena Paola Quiroga Romero, Soledad Saldaña Bañalez (sin partido) y los diputados Esteban Ojeda Ramírez, Humberto Arce Cordero, Marcelo Armenta (MORENA) así como del ciudadano Enrique Arturo Mayorquín, en materia de paridad de género en todos los niveles de gobierno y poderes del Estado, la cual fue dispensada y sometida a votación.
La observancia del principio de paridad de género, será aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral local siguiente a la entrada en vigor del decreto. En cuanto a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración, elección y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones, elecciones y nombramientos que correspondan.
En las reformas a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado añade como tercer instrumento de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres a “la observancia en materia de Igualdad entre mujeres y hombres”.
Con la iniciativa del diputado Perpuli se armoniza el marco estatal con el federal, se hacen cambios para incluir el lenguaje con perspectiva de género, que en los textos legales se refiera a ambos géneros y no sólo a uno, por ejemplo, comisionada y comisionado, consejera o consejero, magistrada o magistrado, diputada o diputado, etcétera. Y por otro lado modificó también la redacción de la Ley de Participación ciudadana en el mismo tenor y garantizando el principio de paridad en diferentes cargos.
En el caso de la segunda iniciativa presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, abarca en el mismo sentido de paridad, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley del Sistema Anticorrupción, Ley del Sistema de Medios de Inpugnación en materia Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todas del Estado.
En tanto que la propuesta ciudadana presentada por Enrique Mayorquín para que en el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y el Poder Judicial se garantice la paridad de género, reformó la Ley Orgánica Municipal para queda como sigue: “Artículo 17: …tanto en la integración del ayuntamiento como en la conformación del gabinete de primer nivel de la administración pública municipal, deberá observarse el principio de paridad de género, que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres(…) así como a los subdelegados de las demarcaciones territoriales del municipio, deberá observarse el principio de paridad de género, que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres”, en el mismo tenor se reformaron los marcos legislativos del poder judicial.

— De la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de La Paz, la mayor parte del ejercicio fiscal estuvo a cargo del ex presidente municipal Armando Martínez Vega
— El Ayuntamiento paceño dejó pendientes 102 solicitudes de aclaración, que corresponden a 110,034,227.18 pesos.
— Tampoco no fue aprobada la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Los Cabos de 2018, por no comprobar el destino de Mil 205 millones 469 mil 20 pesos con 48 centavos, de los cuales más de 38 millones son de obra pública, 9 meses competen a la administración del panista Arturo de la Rosa Escalante y 3 meses a la morenista Armida Castro Guzmán.

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Diputado Carlos José Van Wormer Ruiz, leyó el resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de La Paz, que no fue aprobado por no justificar el uso de 110 millones 34 mil 227 pesos con 18 centavos, de recursos públicos.
El Diputado Van Wormer aclaró que “en la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de La Paz, hubo cambio de administración y fue a finales de septiembre cuando Rubén Muñoz tomó protesta, es decir que su responsabilidad es del primero de octubre al 31 de diciembre. Por lo que Armando Martínez Vega es el responsable de la gran mayoría de esta cuenta pública”.
Dijo también que la cuenta pública en mención, “deja mucho que decir y revisar”, y es que de las 102 solicitudes de aclaración que no fueron resueltas, 18 corresponden a la rama de obras públicas que se traducen en 41 millones 362 mil 866 pesos con 42 centavos.
Es por la falta de transparencia de los recursos públicos ejercidos en el último año de administración del panista Armando Martínez Vega, que la XV Legislatura de Baja California Sur considera no aprueba las cuentas del Ayuntamiento de La Paz correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
De igual manera, en el informe entregado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, no fue aprobada la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Los Cabos de 2018, por no comprobar el destino de Mil 205 millones 469 mil 20 pesos con 48 centavos, de los cuales más de 38 millones son de obra pública.
Es importante aclarar que de la cuenta pública del 2018, 9 meses competen a la administración del panista Arturo de la Rosa Escalante y 3 meses a la morenista Armida Castro Guzmán.
Será en próximas sesiones cuando realicen la lectura al proyecto de decreto y los diputados discutan los resultados negativos de las cuentas públicas.
Por otro lado, fueron aprobadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 del H. Tribunal Superior de Justicia de BCS y del Tribunal Estatal Electoral, los cuales únicamente no solventaron dos y una observación, respectivamente.

— La controversia interpuesta por el titular del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo de BCS puede ser revocable: diputado local Humberto Arce Gordero

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Baja California Sur, diputado local Humberto Arce Gordero informó que este 02 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por notoria improcedencia una controversia interpuesta por el ex auditor superior del Estado en contra del Poder Legislativo de BCS.
Es un recurso ilegal más que le es negado al ex auditor, con anterioridad le fueron negados dos amparos y en esta ocasión nuevamente, por lo que se ratifica su destitución y reiteramos que su remoción y el nombramiento del nuevo auditor es legal y constitucional, afirmó el representante del legislativo.
En el caso de la controversia constitucional interpuesta por el Gobernador del Estado, informó que el Poder Legislativo aún no ha sido notificado, pero que es de su conocimiento por las listas de notificación, que el Ejecutivo argumenta que hay dos mesas directivas y dos oficialías mayores, así como que el ministro instructor solicita las actas de las sesiones a ambas mesas directivas, “como todos los sudcalifornianos saben y conocen, solo hay una mesa directiva que es presidida por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, presidenta, la vicepresidenta Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, secretario Carlos Van Wormer Ruiz y el pro secretario Ramiro Ruiz Flores, mientras que la otra supuesta mesa directiva a la que se refiere el ejecutivo, está solamente la diputada suspendida de funciones Daniela Rubio Avilés”.
Consideró que solo es cuestión de tiempo para que la SCJN otorgue la razón a la mesa directiva encabezada por Maciel Ortiz, una vez que envíen los documentos probatorios, también se advierte que el Gobernador solicitó una suspensión que aún no se sabe en contra de qué es, pero que el mismo acuerdo refiere, puede ser revocable al rendirse el informe del Poder Legislativo.
En el caso del recurso promovido por la licenciada María Francisca Covarrubias, Arce Cordero dijo que aún no se conoce el acuerdo, ya que fue pospuesto y se está a la espera del mismo.