— En pronunciamiento llama Diputada María Luisa Ojeda a las comisiones encargadas a que resuelvan a la brevedad el veto de la Ley “3 de 3”
— La diputada Eufrocina López pide que se amplíe el ejercicio de la ley a personas sentenciadas por el delito de violencia familiar, para que no tengan antecedentes como persona sentenciada por delitos sexuales y no estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios
En el marco de la “Cruzada Estatal contra las Violencias de Género” convocada por el Gobierno de Baja California Sur, la diputada María Ojeda González (PRD), se pronunció en la más alta tribuna estatal para hacer un llamado a las y los legisladores integrantes de las comisiones permanentes de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, y de Asuntos Fiscales y Administrativos, a las que les fue turnado el veto del Decreto 2774, para que resuelvan a la brevedad la situación que guarda la conocida Ley “3 de 3” contra la violencia hacia las mujeres, con el objeto de que en Baja California Sur sea Ley; así mismo, a considerar en la legislación, las recientes resoluciones emitidas en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los Congresos de los Estados de Yucatán y Sonora.
Previamente a la sesión de la Diputación Permanente del martes 31 de enero, junto a la diputada Eufrocina López Velasco, quien pidió que además se adicionen a la Ley 3 de 3 el: no tener antecedentes como persona sentenciada por el delito de violencia familiar de cualquiera de sus tipos; no tener antecedentes como persona sentenciada por delitos sexuales, contra la libertad sexual y/o violatorios de la intimidad corporal; y no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios del Estado de Baja California Sur, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas Entidades Federativas del país.
Ambas legisladoras se congratularon por el lanzamiento de la cruzada estatal. Ojeda González reconoció la intención del Poder Ejecutivo, de asumir la responsabilidad de coordinar esfuerzos institucionales, para reconocer que la violencia contra las mujeres en razón de género, esté dimensionada como una “enfermedad” que sigue cobrando vidas en todo el mundo,
Indicó que, de efectuarse las reformas y adiciones tanto a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; a la Ley Electoral; a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; a la Ley Orgánica de la Administración Pública; a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios; a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Civil de la Entidad, se dará cumplimiento a la Fracción L (cincuenta) de la Constitución, en materia de perspectiva de género y transversalidad.
Puntualizó que, en revisión del veto, lograron constatar que no se exponen las razones u observaciones de fondo respecto de las reformas aprobadas que no fueron publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para su entrada en vigor.
Por su parte la diputada Eufrocina López, representante de la población indígena precisó que seguirá representando a las mujeres que aún son invisibilizadas, como la mujer indígena que aún no tiene acceso a servicios, atención, traducción al español, entre otros, “Las mujeres no estamos solas, seguiremos en la suma de voluntades, emprendiendo acciones que garanticen un porvenir más certero para nuestras futuras generaciones”, remató.
