Mes: abril 2024

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, participó en la Conferencia Multilateral sobre drogas sintéticas, que organiza la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de la Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, en el que se abordaron los retos compartidos en el combate a su consumo y distribución.

La conferencia llevada a cabo del 23 al 25 de abril en la Ciudad de México, contó con la asistencia del director general del Sistema Penitenciario en el Estado, así como de diferentes autoridades encargadas de la seguridad en los centros penitenciarios del país, del combate de tráfico ilegal de estupefacientes, como parte de la cooperación interinstitucional que mantiene la embajada de Estados Unidos con México.

Durante tres días, expertos en materia de seguridad, justicia y salud del Continente Americano,  tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y estrategias de inteligencia implementadas con otras naciones, sobre los riesgos sanitarios del tráfico de fentanilo y metanfetaminas, nuevas tendencias de síntesis químicas para su elaboración, por mencionar algunos de los principales temas que afectan a cientos de personas en el mundo.

La presencia del personal en esta conferencia, brinda la oportunidad de implementar estrategias y programas preventivos en este rubro en los centros penitenciarios de Baja California Sur y con ello mantener la tranquilidad y el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, a estar ajenos al consumo de narcóticos durante su estadía en estos lugares.

Finalmente, esta Secretaría de Seguridad, reiteró el compromiso de continuar implementando acciones que permitan mantener la tranquilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios, con el fin de hacer valer los derechos de las personas privadas de la libertad.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleva a cabo una serie de visitas a los edificios, en su mayoría planteles escolares, que fueron contemplados como refugios temporales en el Programa Hidrometeorológico 2023, con el objetivo de evaluar sus condiciones físicas y determinar las mejoras que deban realizarse para que cumplan con esa función durante este año.

Dicha labor desarrollada por verificadoras y verificadores de la dependencia estatal se efectúa antes de que inicie la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Pacífico mexicano del 2024, con la perspectiva de que las instituciones responsables de los inmuebles apliquen con antelación las adecuaciones, tanto en infraestructura como en sistemas de fluidos y energéticos, que sean identificadas en esos recorridos.

Estas supervisiones se desarrollan junto con personal de Protección Civil estatal y municipal, así como autoridades educativas, para constatar que, ante el eventual paso de tormentas o huracanes, los espacios se encuentren en circunstancias adecuadas para brindar un alojamiento seguro, tanto en estructura como en condiciones sanitarias, a las personas que viven en zonas de riesgo por inundación.

Entre los aspectos que son inspeccionados figuran las fuentes de abastecimiento y almacenaje de agua; la capacidad de alojamiento que tiene el recinto, la cantidad y operatividad de módulos sanitarios, situación del techo, ventanas y puertas, que cuente con medidas para evitar la proliferación de fauna nociva y el estado de sus instalaciones eléctricas.

Cabe resaltar que el personal de COEPRIS emite un reporte de la verificación, con recomendaciones para eliminar o controlar riesgos a la salud y, de acuerdo a los tiempos definidos por las autoridades responsables de las reparaciones o adecuaciones en los refugios, se programan nuevas visitas para confirmar las correcciones.

A los trabajadores de la educación y a la opinión pública; En estos momentos, el sistema educativo en Baja California Sur está experimentando un paro laboral debido a la demanda de cubrir el rezago en el pago de quinquenios por parte de nuestros trabajadores de la educación. Reconocemos que las demandas de nuestros docentes son justas y merecen atención, pero también debemos ser conscientes de las limitaciones presupuestales actuales.

El Gobierno del Estado, junto con la autoridad educativa estatal, está trabajando diligentemente para resolver esta situación. Hemos iniciado gestiones ante las autoridades federales con el objetivo de obtener los recursos necesarios para cumplir con las exigencias de los trabajadores. Se espera recibir una respuesta para el martes 30 de abril, y estamos comprometidos a informar a la ciudadanía sobre cualquier avance.

Hacemos un llamado a la sensibilidad y al compromiso profesional de nuestras maestras y maestros. Les pedimos que regresen a las aulas y consideren acciones de protesta que no interrumpan la educación de nuestras niñas y niños, especialmente en esta fase crucial del ciclo escolar que está por concluir.

Entendemos que el paro puede ser una herramienta importante para lograr cambios, pero también debemos tener en cuenta el impacto que tiene en las familias y en el desarrollo educativo de los estudiantes.

Agradecemos a todos su comprensión y paciencia durante este periodo de incertidumbre. Debemos trabajar en conjunto para resolver esta situación de manera equitativa y garantizar que el sistema educativo en Baja California Sur siga adelante de forma sólida y justa para todos.

Baja California Sur continúa manteniendo cifras favorables en materia de seguridad, de acuerdo a resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI, que en su primer trimestre de este 2024, no solo arrojó una disminución en los delitos de extorsión, violación y robo en las modalidades de robo a casa habitación, a transporte y negocio, sino también en el desempeño de los cuerpos policiales.

En este sentido, el titular de Seguridad Pública en la entidad, precisó que, de acuerdo a las estadísticas más recientes, BCS presentó mejoras en el rubro de desempeño de autoridades, aumentando dos puntos en el ranking nacional, pasando de 54.1% en diciembre del 2023 a 56.1% en marzo de este año.

Asimismo, resaltó que esta cifra es la más alta registrada desde 2015, lo que refleja el compromiso de los tres órdenes de gobierno de colaborar en estrategias y acciones para prevenir el delito, garantizando así la tranquilidad de quienes viven y visitan a la entidad.

En cuanto a la confianza en las autoridades, la Policía Estatal mostró un incremento en este rubro al pasar de un 55.2% en diciembre de 2023 al 58% en el primer trimestre de este año, lo que sirve de testimonio del trabajo y efectividad de los elementos policiales en los trabajos operativos y de prevención del delito que se realizan a través de la corporación.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública, enfatizó que la confianza de la población en las fuerzas de seguridad, se deriva del trabajo que realizan los elementos policiales en la atención directa con la población, por lo que reiteró, que se continuará fortaleciendo la preparación que de manera constante recibe la Policía Estatal, para que el servicio que brindan sea más profesional y respetuoso hacia los ciudadanos.

• “¡No llegamos a Dinamarca! No cuidaron la salud de las mujeres, esa es la lectura de algunos contenidos del Anexo Estadístico de su 5° Informe de Gobierno, que  los desnuda, y esos datos, nos dan los elementos para afirmar que es discriminación de género”: Diputada María Luisa Ojeda González

La diputada María Luisa Ojeda González conminó a sus homólogos,  a dar significado y orientación al legado histórico de la lucha de las mujeres que se conmemora el Día Naranja de cada mes.

A través de un pronunciamiento presentado este jueves en sesión ordinaria, les recordó sobre la asignatura pendiente, de dar significado y orientación al legado histórico de la lucha de las mujeres.

Al referirse a las acciones del Gobierno Federal, afirmó que se hizo un verdadero desorden con la compra de medicamentos, impactando en una menor cobertura, y ésta, se paga con menos servicios, con menos calidad y con más problemas para los más pobres, el INSABI y su costo de $167 mil millones de pesos ¡lo desaparecieron!.

Desde tribuna, la legisladora enfatizó que la crítica fundada y argumentada no es una moda de los tiempos apacibles, “Lo que tenemos frente a nosotros es la cruda y dolorosa realidad, que nos permite plantear la interrogante: ¿dónde está esa voz que prometió elevar niveles equiparables a los más avanzados?. ¡No llegamos a Dinamarca! No cuidaron la salud de las mujeres, esa es la lectura de algunos contenidos del Anexo Estadístico de su Quinto Informe de Gobierno, que los desnuda, y esos datos, nos dan los elementos para afirmar que es discriminación  de género”, fustigó.

Frente a este escenario, afirmó que por responsabilidad ciudadana debemos actuar, ni neutrales ni indiferentes.

Así mismo, eliminaron el apoyo para mujeres violentadas; cancelaron las instancias infantiles; el apoyo de medicamentos de alta especialidad; entre ellos, para las niñas y niños con cáncer, que se paga con vidas.

• Se busca la gestión de la creación, instalación y mantenimiento de una estancia infantil para hijos e hijas de familias jornaleras agrícolas, comerciantes y demás

La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, solicitará al titular de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STBDS), que, se reúna con las personas empleadoras de trabajadores del campo del décimo cuarto distrito local, a efecto de que se planifique un centro de cuidado para las hijas e hijos de las personas trabajadoras del campo, durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, independientemente del esquema de contratación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo.

En tribuna, la diputada Hilcia Dayani González Márquez, promovente del Punto de Acuerdo, expuso que lo anterior atiende a la falta de estancias para cuidados infantiles en el Valle de Vizcaíno, la cual proteja el bienestar de las niñas y niños de las madres trabajadoras de los ranchos que no cuentan con una, por lo que no tienen acceso a este derecho, “una vez más nuestra población del norte es discriminada. La creación de una estancia infantil beneficiaría no solo a las madres trabajadoras de ranchos agrícolas, sino también a las familias que así lo necesiten.

No obstante, precisó que en el Valle de Vizcaíno existen 26 ranchos agrícolas, de los cuales 21 de ellos no cuentan con las prestaciones obligatorias de servicio para el desarrollo oportuno de la niñez, por lo cual, la instalación de una estancia daría atención a hijos e hijas de madres trabajadoras de los diversos ranchos agrícolas que en ellos laboren, además, de los 26 ranchos registrados, solo cinco cuentan con el beneficio de una estancia infantil, misma que es exclusiva para su personal.

Finalmente, señaló que, si bien el Estado tiene la obligación de velar por la salvaguarda del cuidado y sano desarrollo de las infancias, recalcó lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción XIII del artículo, el cual dice a la letra: “Brindar servicios de guardería a los hijos e hijas de las personas trabajadoras del campo, durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, sin importar el esquema de contratación […].

• El Diputado Julio Cervando Higuera consignó su voto en contra de la Ley de Educación por considerar dos capítulos anticonstitucionales
• “Es un instrumento legal progresivo que pone al centro del debate público el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles”: Diputada María Guadalupe Moreno
• La Ley de Educación respeta los derechos reconocidos de los trabajadores de la Educación: Diputado José María Avilés

La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur emitió las leyes de Educación y de Educación Superior del Estado, en armonización de las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión.

El pleno del Congreso aprobó por mayoría los dictámenes presentados por la Comisión Permanente de Educación; en el caso de la ley de Educación estatal, actualiza el marco jurídico y lo adecua a lo establecido en la nueva reforma educativa, con la participación activa de las y los educandos, madres y padres de familia, tutoras o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo. Abroga la Ley de Educación estatal, publicada el 22 de abril de 2014, así como disposiciones de leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y disposiciones generales.

La nueva ley ratifica la educación indígena (Capítulo VI) con el que se garantizan los derechos educativos y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas, atendiendo un punto de acuerdo aprobado por el pleno y propuesto por la diputada Eufrocina López Velasco.

El decreto establece en el articulado transitorio que la Secretaría de Educación Pública deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general en un plazo no mayor a 180 días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este decreto.

En la discusión en lo general, el diputado Julio Cervando Higuera señaló que los capítulos de la educación indígena y el de la educación inclusiva contienen articulado que han sido declarados como inconstitucionales en la Ley General de Educación, por lo que el proyecto decreto que se pone a consideración es  inconstitucional, además de señalar que no existió consulta previa a los sectores, por lo que  solicitó a la presidencia de la mesa directiva sometiera a consideración de la asamblea que se regresara el dictamen a la comisión dictaminadora y finalmente consignó su voto en contra.

La diputada María Guadalupe Moreno Higuera consignó su voto a favor, señalando que la ley que se votó es un instrumento legal progresivo que pone al centro del debate público el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todos los niveles, con especial énfasis en la educación básica y media superior, considerando que la educación superior cuenta con su ley especial, pero que además reconoce como un elemento esencial el proceso educativo a las maestras y a los maestros que desarrollan una labor sustancial del Estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, diputado José María Avilés Castro, se refirió a dos puntos; en respuesta al diputado Julio Cervando Higuera, confirmó que la existencia de una resolución de la SCJN a dos capítulos de la Ley General de Educación, sin embargo puntualizó que a través de la propia representación en este congreso de la diputada Eufrocina López, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, la comisión recibió propuestas para que fueran incluidas en la ley. “Esperaremos el resultado de la corte mientras tanto creo que no podemos privar de que el Estado de Baja California Sur tenga una ley adecuada a lo que establece el nuevo modelo educativo la nueva relación del sistema educativo las obligaciones y los derechos para los padres de familia y respetar los derechos y las tradiciones y la educación para los grupos prioritarios.

Por otro lado señaló un rumor y postura irresponsable y atentadora contra el Congreso que planteó que esta ley eliminaba el derecho de los maestros para la cuantía de los quinquenios que están establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, “La Ley de Educación tiene un objeto distinto a lo que establece la normativa los derechos de las y los trabajadores en el término laborales; la misma ley establece textualmente en su título quinto artículo 83 fracción novena “Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables” es decir, establece claramente la cuantía de los quinquenios que no son tocado en absoluto sino al contrario aquí se manifiesta el respeto.

Fue aprobada la Ley de Educación Superior

En el caso de la Ley de Educación Superior, establece que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, se actualizará el reglamento interior de la autoridad educativa estatal.

Así también, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la autoridad educativa estatal convocará para la instalación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, deberá emitir y adecuar los acuerdos, reglamentos y lineamientos y demás disposiciones de carácter general, en tanto que los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto continuarán, hasta su conclusión.

El Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur (ICATEBCS), en alianza con la Administración Portuaria Integral (API), clausuraron el taller de Servicios Secretariales I (funciones administrativas básicas), dirigido a colaboradores de la Administración Portuaria.

25 trabajadores y trabajadoras recibieron conocimientos administrativos básicos, como la atención al usuario, gestión y archivo de documentos, aspectos generales para realizar una correcta redacción y ortografía, considerando actitudes, hábitos y valores dentro de su función.

Dicha enseñanza tiene la finalidad de mejorar las competencias laborales, al contribuir en la calidad del servicio que se brinda a las y los usuarios, principalmente a turistas que arriban en nuestra entidad. Con ello la Administración Portuaria fortalece habilidades y conocimientos para desempeñar sus funciones de manera más efectiva, fomentando la empatía y responsabilidad.

Los cursos que imparte ICATEBCS a las empresas e instituciones cuentan con aval de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), el Sistema de Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT´S), los cuales se basan en las necesidades del cliente, otorgando al finalizar constancia con validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Interesadas e interesados en conocer más oportunidades en mejorar su calidad de servicio y/o capacitar a su personal operativo y directivo, deberán dirigirse a las oficinas centrales ubicadas en calle Ignacio Altamirano #2790 e/ 5 de febrero y Antonio Navarro, local 134 colonia Centro, o bien, comunicarse al número telefónico (612) 125 01 70, 71 y 72.

A través de su Programa de VIH-SIDA, Virus de la Hepatitis C e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la Secretaría de Salud de Baja California Sur impartió capacitación sobre medidas de prevención, detección y manejo de casos confirmados con este tipo de patologías a responsables de servicios médicos de los centros penitenciarios que se encuentran en la geografía estatal.

En este curso que se desarrolló en la modalidad a distancia se enfatizó la importancia de fortalecer la difusión de medidas para evitar las ITS, entre las que destaca el uso correcto del preservativo masculino y femenino, en Personas Privadas de la Libertad (PPL), es decir quienes se encuentran ingresados dentro de los centros penitenciarios.

Al tener en cuenta que las PPL tienen la oportunidad de recibir visitas íntimas conforme los protocolos establecidos por las propias autoridades penitenciarias, se destacó la importancia de reforzar acciones de orientación brindadas a esta población para que ejerzan una sexualidad segura y responsable que reduzca riesgo de enfrentar padecimientos que pueden generar secuelas severas y permanentes.

Se presentaron además pruebas rápidas utilizadas por la Secretaría de Salud para la detección de VIH, Sífilis y Hepatitis C; se explicó la técnica correcta para su adecuado uso, el llenado de formatos que debe realizarse en cada uno de estos tamizajes, así como los procedimientos informativos y de consejería que deben emprenderse cuando alguno de estos exámenes arroja un resultado confirmatorio.

En esta actividad también se informó sobre los tratamientos que ofrece la autoridad sanitaria a personas confirmadas con una de estas enfermedades, al recordar que si bien el VIH- SIDA no es curable, sí puede controlarse con un esquema retroviral. En el caso de Sífilis y Hepatitis C se cuentan con antibióticos y antivirales, respectivamente, para eliminar la presencia de patógenos, lo cual es necesario emprender tratamientos en fases iniciales para evitar secuelas. Al término de la videoconferencia se acordó mantener esta coordinación institucional para seguir fortaleciendo la atención de las personas privadas de la libertad.