Mes: mayo 2024

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) dio su autorización para que se reanude el aprovechamiento de moluscos bivalvos en Puerto Adolfo López Mateos– Buenavista, que son zonas litorales del municipio de Comondú, al confirmarse mediante el análisis de un laboratorio especializado que los productos extraídos en estos sitios están en condiciones adecuadas para el consumo humano.

Con esto queda levantado el cierre precautorio que la institución estableció el pasado 15 de mayo, al identificar la presencia de la toxina marina ácido domoico en ostión de cultivo fresco. Ante esa situación se tomó una nueva muestra de producto y se remitió para su estudio a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, CCAyAC (que es un laboratorio federal enfocado en estos procesos), cuyo resultado indicó que la concentración está por debajo del límite establecido por la norma oficial mexicana.

Al confirmarse este dato se notificó a las agrupaciones de productores que laboran en esas zonas litorales retomar la extracción, venta y consumo de productos bivalvos. Asimismo, se comunicó esta disposición oficial a la autoridad sanitaria federal (COFEPRIS), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), y el Comité de Sanidad Acuícola del estado para brindar las facilidades necesarias.

En la interacción con las y los pescadores de esta región, personal de COEPRIS reiteró la importancia de que desarrollen sus procesos de manejo de comestibles con apego a medidas de higiene sanitaria, de tal manera que garanticen la inocuidad de los productos, con ello eviten riesgos para la salud de la población.

Luego de concluir el proceso de negociación entre el Gobierno del Estado y el Comité Ejecutivo Seccional ampliado del SNTE, un total de 507 planteles escolares de educación básica regresaron a clases este miércoles 22 de mayo en toda la entidad, informó la titular de la Secretaría de Educación Pública estatal.

Baja California Sur cuenta con 689 escuelas de nivel básico, de las cuales en inicial volvieron 2 de 5; en preescolar, 160 de 222; en primaria, 266 de 318; en secundaria, 66 de 128, y en especial, 13 de 16.

Aunque faltan algunos planteles por reanudar las labores escolares, la titular de la dependencia expresó su beneplácito y compromiso para superar el rezago académico mediante un programa emergente en la recta final de este ciclo 2023-2024.

Además, destacó la voluntad del Gobernador del Estado de mantener un diálogo permanente con el magisterio y los padres de familia, bajo la premisa de que la educación no es un privilegio sino un derecho de los estudiantes, a quienes se les debe cumplir dotándolos de las herramientas que les permitan formar parte de una mejor sociedad.

El Gobierno del Estado mantiene el diálogo permanente y abierto con los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, para analizar los planteamientos del pliego petitorio, relacionado con aumento salarial y mejoras en las prestaciones. 

Reiterando el compromiso del titular del Ejecutivo y con un esfuerzo extraordinario en el correcto manejo de las finanzas públicas, la administración estatal ha propuesto al Sindicato un incremento del 7%; 4.66% al convenio pari-passu y 2.34% directo al salario y prestaciones ligadas.

Cabe mencionar, que durante las negociaciones del 2022 y 2023, el Gobierno actual concedió aumentos históricos. Del último año, se obtuvo un incremento salarial por un monto de 27 millones 798 mil 786 pesos.

Se refrenda la apertura al diálogo para alcanzar los acuerdos necesarios y asegurar el proceso educativo de las y los jóvenes en el estado.

 

• La diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social, se pronunció porque se les apoye económicamente a quienes buscan superarse y actualizarse continuamente acorde a los grandes cambios que vive diariamente el país y Estado

Luego de reconocer el trabajo que desempeñan las y los trabajadores del Poder Legislativo, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Laborales y de Previsión Social, pidió que se mejoren las condiciones de trabajo y se reconozca el esfuerzo, empeño, dedicación y esmero con que desarrollan sus actividades diariamente.

En la sesión ordinaria de este martes 21 de mayo, agradeció a todas y todos los trabajos desarrollados durante la XVI Legislatura y, en especial a su equipo por su gran trabajo y apoyo.

Se pronunció porque se les apoye económicamente porque con esfuerzo, sacrificio, perseverancia y dedicación, buscan superarse y actualizarse continuamente a través de cursos, talleres, diplomados, licenciaturas, maestrías e inclusive doctorados, para actualizarse acorde a los grandes cambios que vive diariamente el país y Estado, “sindicalizados y de confianza, es primordial fortalecer y mejorar las condiciones de trabajo”.

Destacó la importancia de velar por los intereses de las y los trabajadores de esta nuestra segunda casa que es el Congreso del Estado.

Aludió al Proyecto de Decreto mediante el cual, se declaró el mes de mayo de cada año como: Mayo, Mes de los Trabajadores del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur” con fecha 02 de mayo del año 2017, en la XIV Legislatura y que fue aprobado por los integrantes de la XIV Legislatura.

Destacó el trabajo que, a lo largo de la historia de este Congreso del Estado, han realizado, con  gran esfuerzo, empeño, dedicación y honradez: desde jardineros, vigilantes, choferes, jefes de departamento, asistentes y personal de apoyo, directores y directoras, jefes y jefas de unidad, contraloras así como diputadas y diputados, secretarias y asesoras y asesores parlamentarios y jurídicos, quienes han acumulado una gran experiencia, convirtiéndose en pilares fundamentales en el trabajo legislativo, contribuyendo a que sea un poder sólido que trabaja en beneficio de las y los habitantes de Baja California Sur.

“En este año 2024, se cumplen 50 años de la Conversión del Territorio a Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, asimismo de la instalación del Congreso Constituyente del Estado de Baja California Sur, tiempo en el cual, este Poder Legislativo a lo largo de dieciséis legislaturas ha cumplido con su función histórica como Órgano Soberano del Estado y donde se elaboran las leyes que rigen a las instituciones públicas y la vida de las y los habitantes de nuestra querida patria chica, y en muchas ocasiones.

“Se recuerda con mucho agrado y orgullo el trabajo legislativo desarrollado por mujeres y hombres que han integrado las diversas legislaturas a lo largo de la historia de este Congreso del Estado, y que, sin duda alguna, quienes han fallecido y quienes aún continúan con vida, han dejado una profunda huella como representantes populares”, concluyó.

• El Poder Ejecutivo expedirá las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la ley en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto

La XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva Ley de Atención Médica Prehospitalaria para el Estado y los Municipios de Baja California Sur”, la cual fue propuesta por el Gobierno del Estado y que sustituye a la Ley de Atención Médica Prehospitalaria aprobada por la legislatura antecesora en diciembre de 2019, misma que nunca tuvo vigencia, puesto que no fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE).

La nueva legislación establece criterios de organización y sistematización de la atención médica prehospitalaria a la población que requiera el servicio; integra a los diferentes actores prestadores del servicio, con una estructura y organización que permite la prestación del servicio en armonía con las leyes de salud federal, estatal, municipal y las diversas regulaciones en la materia, incluyendo las normas oficiales mexicanas, indica el iniciador en la exposición de motivos.

En esta nueva ley, la Secretaría de Salud será la rectora del Sistema Integral de Atención Médica Prehospitalaria en Baja California Sur; coordinará y vigilará los trabajos del Sistema, a través del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes, de la Secretaría de Salud estatales, siendo dicho Consejo, el que llevará a cabo las actividades operacionales relacionadas con la prestación del servicio médico prehospitalario.

Se estandarizarán los procedimientos en la atención de urgencias y emergencias médicas para que ésta sea oportuna, eficiente, de calidad y para que contribuya a reducir la mortalidad, la morbilidad y las complicaciones de las personas que requieran de una atención de urgencias y combatir las ocho fallas detectadas por el Gobierno Federal y que se señalan en su Modelo de Atención Prehospitalario: Carencia de Coordinación Interinstitucional; deficiente red de radiocomunicación; deficiente infraestructura; unidades móviles y fijas con equipamiento deficiente; falta de apego a la normatividad establecida; ausencia de un programa de acreditación y certificación de prestadores de servicios de atención médica en unidades móviles; deficiente coordinación de la prestación del servicio de ambulancias, y carencia de recursos humanos, materiales y equipo biomédico.

Entre las diferencias de la ley, la anterior establecía la creación de un organismo público descentralizado para la atención médica prehospitalaria  (Centro Regulatorio de Servicios de Urgencias, Emergencias y Atención Médica Prehospitalaria CRUM)  el cual requería de estructura organizacional y funcional, que lo cual representa una carga adicional significativa al presupuesto gubernamental, en cambio, la nueva ley   aprovecha la estructura existente y establecida para la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur. 

En el articulado transitorio, se establece que el  Poder Ejecutivo expedirá las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la ley en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto; la Secretaría de Salud elaborará el reglamento, así como los protocolos, manuales y lineamientos referidos en la ley en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor.

Los prestadores de servicios de urgencias y emergencias médicas prehospitalarias de instituciones públicas y privadas, adoptarán las medidas de capacitación, equipamiento y demás obligaciones en un plazo que no exceda un año.

Asimismo el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos de la entidad realizarán los ajustes a los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2024 correspondientes y preverán los ingresos y egresos necesarios para los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de garantizar los recursos suficientes y necesarios para la implementación de la ley.

En La Discusión En Lo General, La Diputada Eda Palacios dijo que esta ley está contribuyendo a facilitar los medios para que no se mueran ciudadanos que sufren accidentes o algún percance de salud por la espera de un servicio de emergencia; “No podemos sin un servicio efectivo de atención prehospitalaria, es decir que no haya ambulancias para atender de manera rápida y oportuna”.

La Diputada María Guadalupe Moreno, presidenta de la Comisión de la Salud, puntualizó que la Norma Oficial Mexicana aplicable a la atención prehospitalaria de urgencias médicas, dispone que para abatir los índices de mortalidad se debe dar la creación de una instancia técnica médica administrativa con responsabilidad de la Secretaría de Salud estatal, con el objetivo de favorecer la coordinación entre los prestadores del servicio, desde el lugar del evento, traslado y recepción del establecimiento para la atención médica. En el caso de Baja California Sur, pretendemos que esta dependencia se denomine Centro Regulador de Urgencias Médicas, (CRUM).

• Fue la diputada María Luisa Ojeda González quien presentó iniciativa que busca reformar artículo 200 y se adiciona el artículo 200 Bis del Código Penal para el Estado de BCS en materia de violencia vicaria

Este martes 21 de mayo fue turnada a la Comisión Permanente Puntos Constitucionales y de Justicia la iniciativa propuesta por la diputada María Luisa Ojeda González, mediante la cual se busca reformar el artículo 200 y adicionar el artículo 200 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la cual busca tipificar como delito autónomo, la violencia vicaria, misma que, mediante decreto número 2849 aprobado por el Congreso del Estado de BCS, el 29 de junio del año 2022 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 20 de septiembre del mismo año, fue incluida dentro de la figura de delito de violencia familiar.

Al hacer uso de la voz, la legisladora sentenció que lo antes propuesto atenderá falta de claridad y posible confusión por quienes intenten denunciar conductas conocidas como violencia vicaria, y que, al acudir con la autoridad procuradora de justicia, se encuentren con que no existe el delito expresamente, sentenciándolo solo como un delito de violencia familiar, omitiendo la denominación correcta a tales conductas reconocidas en la ley; así mismo, indicó la falta de uniformidad que conserva el Código Penal, puesto que la totalidad de los delitos que se tipifican en él son señalados de manera clara, con la denominación que se le da al ilícito doctrinalmente, seguido de su definición, es decir, como delito autónomo.

“El hecho de que se encuentre definida ampliamente y denominada como corresponde la violencia vicaria, es un motivo legalmente válido y suficiente para que se respete la denominación del delito de violencia vicaria en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, de ahí que mi propuesta consiste en que se destine un artículo para dicha figura delictiva, creando el artículo 200 Bis”, aseveró Ojeda González en tribuna.

Finalmente, aclaró que, no se busca introducir en el Código Penal las distintas manifestaciones de la Violencia Vicaria ya enumeradas en la fracción VIII del artículo 4° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por el contrario, que sea de soporte a la misma para que, “las conductas punibles de la violencia vicaria realmente se castiguen, con plena certeza e interpretación de la legislación penal, que permita a los operadores jurídicos ubicar el artículo como delito autónomo para abatir la impunidad”, concluyó.